¿Qué es el delito de cohecho?
El delito de cohecho es un delito que se incluye dentro de los delitos contra la administración pública, que lo cometen funcionarios que se dejan llevar por personas ajenas a su deber, aceptan o solicitan regalías a favor de cualquier tipo para beneficio propio o destinado a terceros.
Es una infracción grave que implica la corrupción de un funcionario público mediante el ofrecimiento, promesa o entrega de un beneficio indebido a cambio de que el funcionario realice o deje de realizar un acto en el ejercicio de sus funciones.
Este delito es un fenómeno complejo que socava la integridad de las instituciones públicas y distorsiona el principio de igualdad y justicia en una sociedad.
Se encuentra regulado en el código penal, entre los artículos 419 y 427.
¿Qué bien jurídico se ataca con el delito de cohecho?
El delito de cohecho ataca el respeto que un funcionario le debe al funcionamiento correcto de los órganos del Estado Español.
Los funcionarios, deben realizar su respectiva función sin entrar en interferencias de intereses privados que puedan perjudicar a los intereses generales que son fundamentales perseguir.
El cohecho constituye un delito contra la administración pública, porque afecta de forma directa al buen funcionamiento de las instituciones y a la confianza en el sistema.
Cuando el funcionario no realiza su labor y opta por el delito de cohecho, se reduce la eficacia de la función pública.
¿Cuál es la conducta sancionable de cohecho?
Dependiendo de la conducta que presente el funcionario contra el funcionamiento de los órganos estatales, el delito de cohecho se podrá considerar de dos maneras:
Cohecho activo
La ley penalizará con la misma pena y multas que corresponde al funcionario a:
- Los privativos que ofrezcan regalías a los funcionarios para conseguir que estos actúen ilegalmente.
- Los privativos que accedan a dar regalías al funcionario para que el mismo corrompa.
Cohecho pasivo
Ilegalidad en la que se penalizan las regalías a cambio de hacer una de las siguientes actividades:
- Acciones contradictorias a las obligaciones del cargo o función
- No realizar sin justificación alguna el correcto cumplimiento de acciones que debieran ser desarrolladas por el funcionario
- Acción propia de su cargo
- Obtener una regalía entregada en consideración a la función del destinatario, incluida en razón de la retribución o promesa si fuera constitutivo de delito.
Naturaleza del delito de cohecho
En cuanto a la naturaleza de este delito, la doctrina mantiene dos posturas:
Por un lado, algunos opinan que se trata de un delito bilateral, pues se requiere la participación de un funcionario público y la de un particular.
Por otro lado, la mayor parte de los juristas entienden que es un delito unilateral, pues lo que configura este hecho punible es la conducta independiente de cada sujeto por separado.
Es decir, basta la actuación del particular o la del funcionario público para que se perfeccione el delito, sin que sea necesario el acuerdo entre ambos.
El delito de cohecho conlleva una serie de consecuencias legales significativas tanto para el funcionario público que comete el acto de cohecho como para la persona que ofrece o da la dádiva. Estas consecuencias están establecidas en el Código Penal y pueden variar en función de la gravedad del delito y las circunstancias específicas del caso.
Penas Establecidas en el Código Penal
El Código Penal contempla penas específicas para el delito de cohecho, que pueden incluir:
- Prisión: La pena de prisión por cohecho puede oscilar entre tres y seis años, dependiendo de la gravedad del delito y las circunstancias particulares del caso, transcurrido más elevada si fuera constitutivo de delito.
- Multa: Se establece una multa económica que puede variar entre doce y veinticuatro meses, como sanción adicional a la pena de prisión.
- Inhabilitación Especial: Además de la prisión y la multa, el funcionario público implicado en un delito de cohecho puede enfrentar la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un período de nueve a doce años. De acuerdo con el artículo 419 bis del Código Penal, se pueden imponer penas adicionales, como meses de inhabilitación especial, dependiendo de las circunstancias del delito, con el objetivo de garantizar que las conductas corruptas se trate con la severidad merecida.
Asimismo, el artículo 419 bis del código penal establece que se impondrá una acción propia de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa si fuera constitutivo de delito, o si con ello retrasa el delito contra la administración pública. Además, el artículo 427 bis del código penal establece un cambio de nueve a doce años en la pena, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito. Esto implica que, además de la pena establecida por el cohecho en sí, también se sancionará el hecho concreto derivado del mismo si este constituye otro delito adicional.
Implicaciones para los Involucrados
Tanto las autoridades o funcionarios públicos que solicitan, aceptan o reciben beneficios, como la persona que los ofrece pueden ser penalizados de acuerdo con las disposiciones legales establecidas en el Código Penal. Esto incluye, castigado en razón de la retribución o promesa si fuera constitutivo de delito, esto significa que cualquier esfuerzo por influir en el funcionario público mediante regalos o beneficios injustos será sancionado con castigos que van desde la prisión a la inhabilitación.
Es fundamental demostrar la culpabilidad de las partes involucradas para que se apliquen estas penas de manera justa y proporcional.
Posibilidad de Evitar la Pena
En ciertos casos, el beneficiario de la retribución obtenida por parte del funcionario público puede evitar la pena del delito si decide denunciar al representante público antes de que se inicie el procedimiento judicial. Este proceso de investigación, denominado como averiguación antes de la apertura, se lleva a cabo para evaluar la viabilidad del caso y recolectar pruebas suficientes antes de iniciar de forma oficial el juicio.
Esta posibilidad de evitar la pena está condicionada a que la denuncia se realice dentro de un plazo de dos meses desde la fecha de los hechos, lo que puede servir como un incentivo para fomentar la colaboración con las autoridades y la transparencia en estos casos.
En resumen, las consecuencias legales del delito de cohecho son severas e incluyen penas de prisión, multas económicas y la inhabilitación para ocupar cargos públicos, sino que también puede ser castigado en el delito contra la administración pública, ya que afecta el correcto funcionamiento de las instituciones y distorsiona la confianza pública. Lo que refleja la gravedad de este tipo de conductas corruptas en el ámbito de la Administración Pública.
