Los delitos relativos a la prostitución abarcan una serie de acciones ilegales relacionadas con la compra, venta y explotación sexual de personas. Estos delitos pueden variar según las leyes y regulaciones de cada país, pero algunos de los más comunes incluyen:
Trata de Personas:
Este delito implica el reclutamiento, transporte, transferencia, alojamiento o acogida de personas, recurriendo a la fuerza, el engaño, el abuso de poder o la vulnerabilidad, con el propósito de explotación sexual u otros fines.
La trata de personas es una violación grave de los derechos humanos que implica el comercio de seres humanos con fines de lucro.
Explotación Sexual:
Consiste en obligar, coaccionar o inducir a una persona a realizar actos sexuales a cambio de dinero u otros beneficios. Esta forma de explotación puede involucrar a adultos que trabajan voluntariamente en la industria del sexo, pero también puede afectar a personas vulnerables, incluyendo menores de edad, migrantes y personas en situación de pobreza o marginalidad.
Lenocinio:
Se refiere a la promoción, facilitación o explotación de la prostitución ajena.
Esto puede incluir la gestión de burdeles, la intermediación en la contratación de servicios sexuales o cualquier actividad destinada a obtener beneficios económicos a través de la prostitución de otras personas.
Prostitución Forzada:
Implica obligar a una persona a prostituirse contra su voluntad, mediante amenazas, violencia, coerción o engaño.
Las víctimas de prostitución forzada suelen ser sometidas a condiciones de explotación extremas y tienen dificultades para escapar de sus explotadores debido a la coerción física o psicológica.
Explotación de la Prostitución Infantil:
Se refiere a la utilización de niños y adolescentes en actividades sexuales comerciales.
Esta forma de explotación es especialmente grave y está sujeta a leyes específicas destinadas a proteger a los menores de edad y garantizar su seguridad y bienestar.
En muchos países, la prostitución en sí misma no está necesariamente criminalizada, pero ciertos aspectos relacionados con ella, como la trata de personas, la explotación sexual y el lenocinio, sí lo están.
La lucha contra estos delitos implica la implementación efectiva de leyes y políticas para proteger a las personas vulnerables, perseguir a los traficantes y explotadores sexuales, y proporcionar apoyo y recursos a las víctimas de la explotación sexual.
Delitos relativos a la prostitución en España
Delitos relativos a la prostitución son aquellos que implican la promoción, facilitación o favorecimiento de la prostitución de una persona, ya sea mayor o menor de edad.
Estos delitos se encuentran regulados en el Capítulo V del Título VIII del Libro II del Código Penal español, entre los artículos 187 a 189 ter.
Prostitución y explotación sexual de mayores de edad
El delito de prostitución y explotación sexual de mayores de edad, regulado en el artículo 187, sanciona a quienes promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución de una persona mayor de edad utilizando la violencia, la intimidación, el engaño o abusando de una posición de superioridad.
Incluso si la persona que ejerce la prostitución consiente la intervención de un proxeneta, sigue siendo ilegal si se encuentra en una situación de vulnerabilidad personal o económica.
Este delito comprende dos conductas: obligar a una persona mayor de edad a ejercer o mantenerse en la prostitución, utilizando violencia, intimidación, engaño o abusando de su vulnerabilidad, y lucrarse explotando la prostitución de otra persona, incluso con su consentimiento.
Prostitución y explotación sexual de menores y personas con discapacidad
El delito de prostitución y explotación sexual de menores de edad o de personas con discapacidad necesitadas de especial protección, regulado en el artículo 188, sanciona a quienes induzcan, promuevan, favorezcan o faciliten la prostitución de una persona menor de edad o incapaz.
La pena por este delito es de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
Además, se impone la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio por tiempo de cuatro a diez años.
Corrupción de menores
El delito de corrupción de menores, regulado en el artículo 189, sanciona a quienes induzcan a un menor de edad a realizar actos sexuales o a presenciar actos sexuales, o quienes faciliten o favorezcan la participación de un menor de edad en espectáculos o representaciones pornográficas.
La pena por este delito es de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses. Además, se impone la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de profesión u oficio por tiempo de cuatro a diez años.
Distribución de contenido relacionado
El delito de distribución o difusión pública a través de tecnologías de la información o de la comunicación de contenidos relacionados con la prostitución y la corrupción de menores, regulado en el artículo 189 bis, sanciona a quienes distribuyan o difundan públicamente a través de internet o de cualquier otra tecnología de la información o de la comunicación, contenidos relacionados con la prostitución y la corrupción de menores.
La pena por este delito es de prisión de seis meses a un año o multa de doce a veinticuatro meses.
Responsabilidad de personas jurídicas
El delito de comisión de los delitos del capítulo V por parte de las personas jurídicas, regulado en el artículo 189 ter, sanciona a las personas jurídicas que cometan los delitos del capítulo V, es decir, los delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores.
La pena por este delito es la imposición de multas y, en casos graves, la disolución de la persona jurídica.
La persecución de estos delitos sólo se realiza previa denuncia de la persona agraviada o de su representante legal, excepto cuando la persona agraviada sea menor de edad, incapaz o una persona desvalida, en cuyo caso también puede denunciar el Ministerio Fiscal.
¿Cuáles son las penas para los delitos relativos a la prostitución en España?
Los delitos asociados a la prostitución en España están normados en el Capítulo V del Título VIII del Libro II del Código Penal, comprendiendo los artículos del 187 al 189 ter.
La legislación diferencia entre la prostitución de adultos y la de menores o personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad. En el caso de la prostitución de adultos, el artículo 187 establece que aquellos que promuevan, faciliten o favorezcan esta actividad mediante violencia, intimidación, engaño o abuso de poder incurren en proxenetismo.
Esta conducta abarca forzar a alguien a prostituirse o lucrarse explotando la prostitución ajena, incluso con consentimiento. La pena por este delito oscila entre 2 y 4 años de prisión, con una multa de 12 a 24 meses.
Para la prostitución de menores o personas en situación de vulnerabilidad, el artículo 188 contempla penas de prisión de 1 a 4 años y multas de 12 a 24 meses.
Asimismo, el Código Penal aborda la corrupción de menores y la distribución de contenido relacionado a través de tecnologías de la información. Se establecen también sanciones para personas jurídicas que incurran en estos delitos, incluyendo multas y, en casos graves, la disolución de la entidad.
¿Cuáles son las penas para la corrupción de menores en España?
En España, el delito de corrupción de menores conlleva penas de prisión que van desde uno hasta cinco años.
Este crimen implica la captación o explotación de menores de edad o personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad para fines exhibicionistas o pornográficos, así como la producción de material pornográfico.
Además, abarca la financiación o el beneficio económico derivado de estas actividades. Las penas pueden ser agravadas según diversas circunstancias, como la edad de la víctima, la naturaleza degradante de los actos, el uso de violencia física o sexual, la vulnerabilidad de la víctima o el riesgo para su vida o salud.
Este delito se tipifica como un ataque a la libertad sexual y se encuentra regulado en el artículo 189.1.a) del Código Penal español.
