Los delitos contra la integridad moral son acciones que atentan contra la dignidad y el bienestar psicológico de las personas, causando sufrimiento, humillación o degradación.
¿Dónde se regula el delito contra la integridad moral?
El delito contra la integridad moral se encuentra regulado en el Libro II, Título VII del Código Penal, bajo el título “De las torturas y otros delitos contra la integridad moral”. En este tipo de delito, la conducta típica consiste en infligir a otra persona un trato degradante que menoscabe gravemente su integridad moral. Según lo dispuesto en el primer apartado del artículo 173.1, este delito conlleva una pena de prisión de 6 meses a 2 años.
Asimismo, aquellos que, en el contexto de cualquier relación laboral o funcionarial, abusen de su posición de superioridad para llevar a cabo actos hostiles o humillantes de manera persistente, creando un ambiente de acoso grave contra la víctima, recibirán la misma pena mencionada anteriormente.
Estos delitos se caracterizan por causar un daño emocional o psicológico grave a la víctima, sin necesidad de que exista un daño físico directo.
Naturaleza de los Delitos contra la Integridad Moral
Estos delitos pueden manifestarse de diversas formas, incluyendo el acoso, el bullying, el maltrato psicológico, la discriminación, la vejación, la tortura psicológica, entre otros. Pueden ocurrir en diferentes ámbitos, como el laboral, el escolar, el familiar, el institucional o el comunitario.
Ejemplos de Delitos contra la Integridad Moral
- Acoso laboral: Comprende acciones repetitivas y deliberadas que causan estrés, ansiedad o humillación a un trabajador en su entorno laboral.
- Acoso escolar: Se refiere a conductas agresivas y repetitivas, como insultos, burlas o amenazas, realizadas por uno o varios estudiantes hacia otro, generando un ambiente hostil y de exclusión.
- Maltrato psicológico en el ámbito familiar: Incluye la intimidación, la manipulación emocional, el control excesivo, la humillación o el menosprecio por parte de un miembro de la familia hacia otro, causando daño psicológico.
- Discriminación: Consiste en tratar de manera desfavorable a una persona o grupo debido a su origen étnico, género, orientación sexual, religión, discapacidad u otras características protegidas por la ley.
- Vejación pública: Implica la exposición de una persona al escarnio público, la humillación o la burla en lugares públicos.
Consecuencias y Impacto
Los delitos contra la integridad moral pueden tener graves consecuencias para la víctima, incluyendo trastornos de ansiedad, depresión, baja autoestima, trastornos del sueño, dificultades en las relaciones interpersonales e incluso el suicidio.
Además, pueden generar un clima de desconfianza y miedo en la sociedad, afectando la cohesión social y el respeto por los derechos humanos.
Prevención y Abordaje
La prevención de estos delitos requiere la promoción de una cultura de respeto, tolerancia y empatía en todos los ámbitos de la sociedad. Es fundamental implementar políticas y medidas preventivas, así como brindar apoyo psicológico y legal a las víctimas. La sensibilización, la educación en valores y la aplicación efectiva de la ley son clave para combatir estos comportamientos y proteger la integridad moral de todas las personas.
Impacto y consecuencias
Los delitos de integridad moral son acciones que atentan contra la dignidad, el honor o el prestigio de una persona, lo que puede incluir acusaciones falsas, difamación, calumnia, injuria y otros actos similares. Estos delitos pueden tener graves consecuencias sociales y personales, y afectar la vida de las personas involucradas, así como sus relaciones con otras personas y su integración social.
Ley y Protección de la Integridad Moral
La ley es uno de los sistemas que regulan el comportamiento humano y protegen los derechos de las personas, incluyendo el derecho a la integridad moral. La ley debe ser aplicada de manera justa e imparcial, independientemente de la pluralidad de la población a la que rige, y el Estado debe velar por su cumplimiento.
Papel de la Cultura y la Moral
La cultura y la moral también desempeñan un papel importante en la regulación del comportamiento humano y la protección de la integridad moral.
La cultura hace referencia a un sistema de tradiciones y valores compartidos por una comunidad, y la moral tiene alcance personal.
En una sociedad ideal, la ley, la cultura y la moral deben encontrarse en armonía, y los comportamientos que son válidos a la luz de la moral individual deben gozar de aprobación cultural y estar permitidos legalmente.
En el contexto de la salud infantil, la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, la educación para la salud y la prevención del maltrato institucional son prioridades importantes.
El maltrato institucional es el derivado de cualquier legislación, programa, procedimiento, actuación u omisión de los poderes públicos e instituciones que comporte abuso, negligencia, detrimento de la salud, la seguridad, el estado emocional, el bienestar físico, la correcta maduración o que viole los derechos básicos del niño.
En el caso de las personas transexuales, la aprobación de la Ley Trans ha supuesto grandes avances en la no discriminación hacia este colectivo, pero aún es necesario mejorar la integración social de estas personas a través de prestaciones o servicios especializados.
En el contexto de las elecciones, el sistema electoral español es prácticamente impucherable, y el voto por correo genera desconfianza debido a la necesidad de “fiarse” de que el voto ha llegado y se ha emitido bien. Sin embargo, existen mecanismos de control y vigilancia que hacen difícil cometer fraude electoral.
Responsabilidad de las personas con función jurídica en el delito contra la integridad moral
La Ley Orgánica 10/2022 de garantía integral de la libertad sexual ha modificado el artículo 173 del Código Penal para incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, como empresas, fundaciones y asociaciones, en delitos contra la integridad moral.
Según esta modificación, si una persona contemplada en el artículo 31 bis comete un delito de este tipo dentro de una organización, se le impondrá una multa de 6 meses a 2 años.
Además, se establece que las mismas penas serán aplicables a quienes, mediante comportamientos, proposiciones o expresiones de carácter sexual, creen una situación hostil, humillante o intimidante para la persona afectada, sin que constituya otro delito más grave.
Por lo tanto, este tipo de delito se considera residual, aplicándose cuando el comportamiento no es tipificable en otro tipo delictivo o cuando lo es, pero no alcanza para ser penalizado.
Las empresas que implementen un Sistema de Gestión de Compliance Penal deben realizar un nuevo análisis de riesgos para incluir este delito como una de las posibles amenazas y determinar la potencial comisión dentro de la organización.
Trato degradante
La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos define el trato degradante como aquel que puede provocar en la víctima sentimientos de miedo, angustia e inferioridad, llegando incluso a quebrantar su resistencia física y moral. Estos casos constituyen una violación del artículo 3 del Convenio Europeo, el cual prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.
El Tribunal Constitucional establece que los comportamientos prohibidos por el artículo 15 de la Constitución Española, que incluyen la tortura, los tratos inhumanos y los tratos degradantes, se caracterizan por su capacidad para causar daño físico o psicológico, de manera ilícita y vejatoria para la víctima.
Estas conductas prohibidas se diferencian entre sí principalmente por la intensidad del sufrimiento infligido, siendo el trato degradante el nivel más bajo en esta escala gradual, aunque aún debe cumplir con un nivel mínimo de severidad.
Tanto en la Constitución española como en el Código Penal, la integridad moral se considera como una categoría autónoma, independiente del derecho a la vida, la integridad física y la libertad en todas sus formas. Esta clasificación de la integridad moral como un concepto independiente fue establecida por la jurisprudencia en una sentencia de 2015.
